| 24-10-2026 | Formosa |
ADVIERTEN QUE LA LEY DE INVIOLABILIDAD DE LA PROPIEDAD PRIVADA AMENAZA CON DEJAR A MILES DE FAMILIAS EN LA CALLE
La Cámara de Diputados dio media sanción a un proyecto que reconfigura las reglas de juego del mercado inmobiliario, iniciativa que establece un carril ultrarrápido para restituir inmuebles, fija multas severas para dueños abusivos y crea un protocolo especial para familias vulnerables, y además repone la Ley de Tierras, lo que deberá superar la revisión final del Senado. Lejos de ser un simple trámite burocrático, el texto impacta de lleno en el día a día de inquilinos y propietarios. Acelera los tiempos judiciales mediante un esquema de «desalojo exprés», pero al mismo tiempo establece límites estrictos para evitar abusos por parte de los locadores y fija un freno legal a la venta de tierras a extranjeros. El Proyecto implementa el «juicio sumarísimo», procedimiento legal más corto y rápido en el sistema judicial, ante la falta de pago o vencimiento de contrato, el propietario podrá mediante Intimación previa al inquilino, otorgándole un plazo mínimo de 10 días corridos para saldar la deuda antes de demandarlo. El aviso será 100% válido si se envía al domicilio electrónico (mail o WhatsApp) fijado en el contrato, incluso si el inquilino se niega a recibirlo, pudiendo el dueño podrá pedir la restitución del inmueble bajo una «caución juratoria».
Para evitar que los propietarios utilicen esta vía rápida de mala fe, la ley introduce consecuencias claras. Si se comprueba que los citados mintieron u ocultaron pagos para acelerar el desalojo, la Justicia le impondrá una multa de hasta 10 veces el valor del último alquiler a favor del inquilino.
El conflicto de las llaves: Un problema histórico al finalizar un contrato es la negativa de algunos propietarios a recibir las llaves, con el objetivo de seguir cobrando meses de alquiler o forzar el pago de arreglos. La nueva ley es tajante: el dueño no puede negarse a recibir las llaves ni condicionar su entrega. Si el locador guarda silencio o rechaza la recepción, el inquilino está habilitado a realizar una consignación judicial (depositar las llaves en el juzgado) y si realiza este trámite dentro de los 10 días hábiles posteriores al rechazo, quedará liberado de pagar el alquiler y las expensas desde el momento en que notificó al dueño por primera vez, y los gastos del trámite correrán por cuenta del propietario. En cuanto a las personas en situación de vulnerabilidad el proyecto también endurece la postura frente a usurpadores o «tenedores precarios». El juez podrá ordenar la entrega inmediata de la propiedad en cualquier etapa del juicio una vez que se conteste la demanda. Sin embargo, el texto establece un freno de emergencia, si en el inmueble habitan menores de edad, personas con discapacidad o jubilados en situación de desamparo, el juez está obligado a: * Dar intervención inmediata a los organismos de protección locales (como el Ministerio Público Tutelar). * Otorgar un plazo máximo de 10 días para que el Estado garantice una alternativa habitacional transitoria antes de ejecutar el desalojo por la fuerza pública. En este contexto el Ombudsman Provincial Dr. José Leonardo Gialluca, afirmó que desde que asumió el Presidente Javier Milei se viene registrando un incremento en los desalojos y desocupaciones, impulsado tanto por la imposibilidad económica de afrontar los alquileres como por reformas normativas recientes. La desregulación de los contratos y la alta inflación en los valores nominales de alquiler, ha generado un fenómeno denominado como "desalojos económicos", donde las familias se ven obligadas a dejar sus viviendas de forma apresurada por no poder pagar los aumentos, estimándose que la mayoría de los inquilinos arrastra deudas, ya que los mismos priorizan cubrir sus necesidades alimentarias, compras de medicamentos, pagos de servicios públicos entre otras demandas que los lleva a entrar en mora rápidamente con las inmobiliarias y/o propietarios, quienes tendrán ahora una herramienta como el desalojo expres, lo cual originará que miles de familias queden directamente en la calle y es en este punto donde los Estados Provinciales deberán hacerse cargo de las mismas, con recursos propios, como viene sucediendo en la actualidad.
Para evitar que los propietarios utilicen esta vía rápida de mala fe, la ley introduce consecuencias claras. Si se comprueba que los citados mintieron u ocultaron pagos para acelerar el desalojo, la Justicia le impondrá una multa de hasta 10 veces el valor del último alquiler a favor del inquilino.
El conflicto de las llaves: Un problema histórico al finalizar un contrato es la negativa de algunos propietarios a recibir las llaves, con el objetivo de seguir cobrando meses de alquiler o forzar el pago de arreglos. La nueva ley es tajante: el dueño no puede negarse a recibir las llaves ni condicionar su entrega. Si el locador guarda silencio o rechaza la recepción, el inquilino está habilitado a realizar una consignación judicial (depositar las llaves en el juzgado) y si realiza este trámite dentro de los 10 días hábiles posteriores al rechazo, quedará liberado de pagar el alquiler y las expensas desde el momento en que notificó al dueño por primera vez, y los gastos del trámite correrán por cuenta del propietario. En cuanto a las personas en situación de vulnerabilidad el proyecto también endurece la postura frente a usurpadores o «tenedores precarios». El juez podrá ordenar la entrega inmediata de la propiedad en cualquier etapa del juicio una vez que se conteste la demanda. Sin embargo, el texto establece un freno de emergencia, si en el inmueble habitan menores de edad, personas con discapacidad o jubilados en situación de desamparo, el juez está obligado a: * Dar intervención inmediata a los organismos de protección locales (como el Ministerio Público Tutelar). * Otorgar un plazo máximo de 10 días para que el Estado garantice una alternativa habitacional transitoria antes de ejecutar el desalojo por la fuerza pública. En este contexto el Ombudsman Provincial Dr. José Leonardo Gialluca, afirmó que desde que asumió el Presidente Javier Milei se viene registrando un incremento en los desalojos y desocupaciones, impulsado tanto por la imposibilidad económica de afrontar los alquileres como por reformas normativas recientes. La desregulación de los contratos y la alta inflación en los valores nominales de alquiler, ha generado un fenómeno denominado como "desalojos económicos", donde las familias se ven obligadas a dejar sus viviendas de forma apresurada por no poder pagar los aumentos, estimándose que la mayoría de los inquilinos arrastra deudas, ya que los mismos priorizan cubrir sus necesidades alimentarias, compras de medicamentos, pagos de servicios públicos entre otras demandas que los lleva a entrar en mora rápidamente con las inmobiliarias y/o propietarios, quienes tendrán ahora una herramienta como el desalojo expres, lo cual originará que miles de familias queden directamente en la calle y es en este punto donde los Estados Provinciales deberán hacerse cargo de las mismas, con recursos propios, como viene sucediendo en la actualidad.
