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24-04-2026  |  Formosa

LA DEFENSORÍA DEL PUEBLO EXPLICÓ QUE LAS AMENAZAS EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS SON DELITOS PENALES

El Defensor del Pueblo de la Provincia de Formosa Dr. José Leonardo Gialluca, advirtió que la multiplicación de amenazas en establecimientos educativos de nuestra provincia, constituyen delitos penales tipificados por el Código Penal y donde la Justicia ya se encuentra interviniendo con el objetivo de determinar sus responsables materiales, como así también a los intelectuales, a quienes pueden inclusive implicar penas de prisión. De esta manera, la Justicia avanza en la investigación de una serie de amenazas anónimas en establecimientos educativos, en el marco de un fenómeno que se replica a nivel nacional y que, la propia Fiscalía de Instrucción y Correccional Nº 4 a carga de la Dra. Natalia Tafetani, “informó que en dos días recibió al menos 15 intervenciones vinculadas a este tipo de hechos, principalmente en establecimientos de nivel secundario dentro de la Primera Circunscripción Judicial”. Confirmándose que cada uno de estos hechos activa la intervención judicial. “Las denuncias dan lugar a los primeros actos de los fiscales, que son el impulso de la acción penal, porque estamos frente a la presunción de delitos”, por lo que desde el Organismo de la Constitución remarcaron que, incluso cuando no se logra identificar inmediatamente a los responsables, las investigaciones continúan. “Si alguna persona entiende que esto se trata de una broma, hay que dejar claro que no lo es”, se sostuvo, y detallaron que este tipo de hechos encuadra en figuras penales específicas. “Las amenazas anónimas establecen penas de 1 a 3 años de prisión y la intimidación pública puede llegar de 2 a 6 años”, precisaron. Gialluca afirmó que estos hechos “No son una broma, son delitos y muy graves, y puede acarrear consecuencias para una persona joven”, advirtió, en referencia a las consecuencias legales que pueden enfrentar quienes realicen este tipo de llamados, pintadas o amenazas difundidas a través de las redes sociales. Si bien la Justicia a puesto foco en la dificultad de determinar quiénes están detrás de estos hechos. “No conociéndose si hay participación de mayores o solo de menores”, explicó que esa incertidumbre obliga a avanzar con cautela en las investigaciones. “Hay que ser prudentes y esperar resultados positivos, porque es lo que debemos hacer”. El funcionario provincial admitió que los niños no son violentos por naturaleza, sino que las conductas agresivas aparecen como una manifestación de un contexto más amplio, marcado por la crisis económica y tensiones sociales que impactan directamente en los mismos. “La violencia en las escuelas no es un virus que entra por las ventanas, ni un fenómeno aislado del contexto en el cual vivimos, sino el reflejo de una sociedad que está atravesada por tensiones más profundas y el error más frecuente es pensar a la violencia escolar, como un problema solo de las Instituciones Educativas”. Las dificultades económicas, la inestabilidad laboral y la falta de tiempo impactan en la capacidad de contención de los padres, generando un escenario donde los vínculos se debilitan y los conflictos se intensifican, por ello, no señalamos culpables individuales, ni padres, ni docentes, ni Instituciones, sino que se trata de una responsabilidad colectiva.
Por último, indicó sobre el impacto que pueden tener los cambios en el régimen penal juvenil. “Se ha reducido la edad a partir de la cual un menor puede recibir una sanción penal a los 14 años”, explicó, y sostuvo que esto refuerza la necesidad de dimensionar la gravedad de este tipo de conductas. “Tenemos que hacernos cargo”, expresó. Sin autores identificados hasta el momento, las causas siguen en trámite, pero el mensaje ya es definitivo: toda amenaza será investigada como delito y puede derivar en consecuencias penales concretas, incluso cuando se intente justificar como un juego. Expresando la inquietud de las distintas dependencias que integran el sistema educativo provincial ante la escalada de los hechos descriptos, “por lo que Institucionalmente, realizamos un llamado a -Educar con el Ejemplo-, evitando que los jóvenes en formación, naturalicen cualquier expresión de violencia, tanto a las familias, docentes y autoridades, dentro de un esquema amplio de corresponsabilidades”.