| 16-04-2026 | Formosa |
SOLICITAN MODIFICACIONES AL PROYECTO DE LEY DE INVIOLABILIDAD DE LA PROPIEDAD PRIVADA
-Gialluca denunció que el Gobierno Nacional pretende implementar, el Régimen de Desalojo más agresivo de América Latina, dejando prácticamente sin protección legal alguna a los inquilinos, a lo que se le suma, la supresión que limita la compra de tierras a extranjeros, con el objeto de resguardar la Soberanía Nacional-
El Defensor del Pueblo de la Provincia de Formosa Dr. José Leonardo Gialluca, solicitó expresamente a la Presidente del Senado Victoria Villarruel y a la Comisión de Asuntos Constitucionales y de Legislación General, presidida por los legisladores Agustín Coto y Nadia Márquez, “que no se de curso dentro del Proyecto de Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada que impulsa el Gobierno Nacional, a los artículos que bajo la supuesta decisión de reforzar el derecho de propiedad, pretenden establecer nuevas reglas en materia de desalojo, expropiaciones y materias de tierras”.
Desalojos y Expropiaciones: Gialluca advirtió que el Gobierno Nacional impulsa implementar, el Régimen de Desalojo más agresivo de América Latina, mediante “una vía sumarísima” es decir que, ante la falta de pago por parte del inquilino, el propietario podrá solicitar la desocupación inmediata del inmueble bajo -Caución Juratoria-, esto es una simple declaración sin depósito de dinero y el Juez deberá resolver la solicitud de entrega dentro de los 5 días, incluso el proyecto, no contempla la posibilidad de que el inquilino detenga el proceso pagando lo adeudado, mecanismo presente en la mayoría de las legislaciones comparadas. De esta forma, en Uruguay, Paraguay y Brasil se otorgan desde 10 a 30 días hábiles en los procedimientos judiciales de desalojo, existiendo en Brasil una exigencia al propietario, de depositar 3 meses de alquiler como caución para obtener una exclusión, siendo que en el proyecto argentino, se requerirá una simple declaración, (Caución Juratoria), sin respaldo económico que proteja a los inquilinos frente a desalojos abusivos, con lo cual el Gobierno Nacional pretende introducir reformas al Código Procesal Civil y Comercial de la Nación y al Código Civil y Comercial, bajo el pretexto de proteger la propiedad privada, olvidándose de los derechos de miles de familias que actualmente viven en alquiler y que no pueden acceder a una vivienda propia.
Tierras y Capital Extranjero: Otro aspecto central es la eliminación de las restricciones vigentes desde 2011, que limitan la compra de tierras rurales por extranjeros. El Gobierno Nacional sostiene que esas restricciones desalientan la inversión internacional, especialmente en el sector agropecuario, sin embargo, a modo de ejemplo, en la actualidad asistimos a una venta de tierras en la provincia de Río Negro a favor -Emiratos Árabes Unidos- que habría sido autorizado por el Gobernador Alberto Weretilneck, y que incluye bosques nativos, cursos de agua más áreas de seguridad fronteriza y que se encuentra investigada por la Justicia.
Cambios en la ley de Manejo del Fuego: El proyecto también plantea derogar artículos centrales de la ley de Manejo del Fuego sancionada en 2020, que prohíbe la venta o cambio de uso de tierras afectadas por incendios durante décadas. Según el Ejecutivo Nacional, esas limitaciones “son irrazonables y afectan el derecho de propiedad”, al tiempo que no han demostrado eficacia para la recuperación ambiental.
El Defensor del Pueblo de la Provincia de Formosa Dr. José Leonardo Gialluca, solicitó expresamente a la Presidente del Senado Victoria Villarruel y a la Comisión de Asuntos Constitucionales y de Legislación General, presidida por los legisladores Agustín Coto y Nadia Márquez, “que no se de curso dentro del Proyecto de Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada que impulsa el Gobierno Nacional, a los artículos que bajo la supuesta decisión de reforzar el derecho de propiedad, pretenden establecer nuevas reglas en materia de desalojo, expropiaciones y materias de tierras”.
Desalojos y Expropiaciones: Gialluca advirtió que el Gobierno Nacional impulsa implementar, el Régimen de Desalojo más agresivo de América Latina, mediante “una vía sumarísima” es decir que, ante la falta de pago por parte del inquilino, el propietario podrá solicitar la desocupación inmediata del inmueble bajo -Caución Juratoria-, esto es una simple declaración sin depósito de dinero y el Juez deberá resolver la solicitud de entrega dentro de los 5 días, incluso el proyecto, no contempla la posibilidad de que el inquilino detenga el proceso pagando lo adeudado, mecanismo presente en la mayoría de las legislaciones comparadas. De esta forma, en Uruguay, Paraguay y Brasil se otorgan desde 10 a 30 días hábiles en los procedimientos judiciales de desalojo, existiendo en Brasil una exigencia al propietario, de depositar 3 meses de alquiler como caución para obtener una exclusión, siendo que en el proyecto argentino, se requerirá una simple declaración, (Caución Juratoria), sin respaldo económico que proteja a los inquilinos frente a desalojos abusivos, con lo cual el Gobierno Nacional pretende introducir reformas al Código Procesal Civil y Comercial de la Nación y al Código Civil y Comercial, bajo el pretexto de proteger la propiedad privada, olvidándose de los derechos de miles de familias que actualmente viven en alquiler y que no pueden acceder a una vivienda propia.
Tierras y Capital Extranjero: Otro aspecto central es la eliminación de las restricciones vigentes desde 2011, que limitan la compra de tierras rurales por extranjeros. El Gobierno Nacional sostiene que esas restricciones desalientan la inversión internacional, especialmente en el sector agropecuario, sin embargo, a modo de ejemplo, en la actualidad asistimos a una venta de tierras en la provincia de Río Negro a favor -Emiratos Árabes Unidos- que habría sido autorizado por el Gobernador Alberto Weretilneck, y que incluye bosques nativos, cursos de agua más áreas de seguridad fronteriza y que se encuentra investigada por la Justicia.
Cambios en la ley de Manejo del Fuego: El proyecto también plantea derogar artículos centrales de la ley de Manejo del Fuego sancionada en 2020, que prohíbe la venta o cambio de uso de tierras afectadas por incendios durante décadas. Según el Ejecutivo Nacional, esas limitaciones “son irrazonables y afectan el derecho de propiedad”, al tiempo que no han demostrado eficacia para la recuperación ambiental.
