| 09-07-2025 | Formosa |
EL DISTRITO 22 DE VIALIDAD NACIONAL FORMOSA CONTINUARA POR AHORA DESARROLLANDO ACTIVIDADES ELEMENTALES
-Gialluca denunció que, “cerrar Organismos sin construir alternativas, se constituye en una pésima gestión y si el Estado Nacional no gestiona, nos encontramos con un país que abandona a más personas en rutas nacionales destruidas”, con el aval de Diputados y Senadores de distintos Bloques, con el cual, el Presidente Javier Milei, logró la aprobación de la “Ley Bases” que le dieron facultades extraordinarias y pudo eliminar Vialidad Nacional. Esta Ley, no hubiera sido posible, sin la complicidad de muchos Diputados y Senadores Nacionales, incluidos radicales, peronistas y macristas, habiéndose abstenido Fernando Carbajal y votado a favor Miguel Ángel Pichetto y el Bloque Innovación Federal, de diputados de provincias gobernadas por el justicialismo, como Salta y Misiones que actuaron a favor de las facultades legislativas delegadas que llegaron a su fin este martes 8 de julio-
El Gobierno Nacional disolvió la Dirección Nacional de Vialidad, la eliminación de la Agencia de Seguridad Vial y la concesión de 9.120 kilómetros de rutas, en el día de la fecha mediante el Decreto Nº 461/2025 publicado en el B.O. con las firmas del Presidente Javier Milei y los Ministros Luis Caputo (Economía), Guillermo Francos (Jefe de Gabinete) y Patricia Bullrich (Seguridad). Con estos datos oficializados, el Defensor del Pueblo, Dr. José Leonardo Gialluca, se contactó con el Titular de la Dirección Nacional de Vialidad (DNV) Distrito 22, Ing. Hernán Ramis, expresando este último no poseer por ahora “ningún lineamiento de Marcelo J. Campoy, Administrador General de Vialidad Nacional, por lo que, se continuarán con las actividades básicas y elementales que puedan enfrentar en el actual contexto de un clima muy tenso”; de igual manera, se proseguirá en los diferentes Subcampamentos ubicados en las Ciudades de Clorinda, Las Lomitas, Comandante Fontana y otros. Gialluca, señaló que, nosotros continuaremos con las acciones judiciales en curso que ya se encuentran debidamente notificadas y mediante las cuales, el Juez Federal, Pablo Morán, ordenó a Vialidad Nacional que, en un plazo de 90 días, repare los tramos peligrosos de las rutas nacionales 11, 81, 86 y 95, mediante tareas de bacheo, sellado de grietas y limpieza de banquinas, en ambos sentidos de circulación. El Funcionario Provincial, afirmó que, el Decreto firmado por Javier Milei, pone en riesgo la conectividad, la seguridad vial y la integración territorial del país, agregando que, el 41% de las rutas pavimentadas ya estaban en mal estado a comienzos de 2024 y que, desde diciembre pasado, no se ha destinado ni un solo peso a obras de infraestructura vial. La consecuencia es un deterioro acelerado de los 39.937 kilómetros que componen la red nacional. Para frenar el colapso, se necesitarían al menos 14.000 millones de dólares, pero el Gobierno Nacional eligió otro camino: concesionar 9.154 kilómetros a manos privadas, vía Decreto Nº 28/2025 y abandonar el resto. De esta manera, las rutas menos transitadas, quedarán sin obras, ni mantenimiento, porque no resultan rentables para los privados. Así, miles de kilómetros quedarán librados al olvido, aislando pueblos enteros, afectando la producción regional, el abastecimiento y el acceso a servicios básicos. Lo que se pierde no es sólo asfalto: se pierde soberanía territorial, cohesión social, y la posibilidad misma de imaginar un país conectado. Con la eliminación de Vialidad, el Estado Nacional, renuncia también a la planificación estratégica de obras, a los controles técnicos y a la garantía de seguridad vial. A la par, los peajes se multiplicarán, encareciendo el transporte, los alimentos y la vida diaria. Viajar será un privilegio, circular libremente, un lujo reservado a quienes puedan pagarlo, vulnerándose así un derecho constitucional, profundizándose la desigualdad territorial y firmando burocráticamente desde Buenos Aires, el destino de una Argentina que, se va quedando sin rutas.
El Gobierno Nacional disolvió la Dirección Nacional de Vialidad, la eliminación de la Agencia de Seguridad Vial y la concesión de 9.120 kilómetros de rutas, en el día de la fecha mediante el Decreto Nº 461/2025 publicado en el B.O. con las firmas del Presidente Javier Milei y los Ministros Luis Caputo (Economía), Guillermo Francos (Jefe de Gabinete) y Patricia Bullrich (Seguridad). Con estos datos oficializados, el Defensor del Pueblo, Dr. José Leonardo Gialluca, se contactó con el Titular de la Dirección Nacional de Vialidad (DNV) Distrito 22, Ing. Hernán Ramis, expresando este último no poseer por ahora “ningún lineamiento de Marcelo J. Campoy, Administrador General de Vialidad Nacional, por lo que, se continuarán con las actividades básicas y elementales que puedan enfrentar en el actual contexto de un clima muy tenso”; de igual manera, se proseguirá en los diferentes Subcampamentos ubicados en las Ciudades de Clorinda, Las Lomitas, Comandante Fontana y otros. Gialluca, señaló que, nosotros continuaremos con las acciones judiciales en curso que ya se encuentran debidamente notificadas y mediante las cuales, el Juez Federal, Pablo Morán, ordenó a Vialidad Nacional que, en un plazo de 90 días, repare los tramos peligrosos de las rutas nacionales 11, 81, 86 y 95, mediante tareas de bacheo, sellado de grietas y limpieza de banquinas, en ambos sentidos de circulación. El Funcionario Provincial, afirmó que, el Decreto firmado por Javier Milei, pone en riesgo la conectividad, la seguridad vial y la integración territorial del país, agregando que, el 41% de las rutas pavimentadas ya estaban en mal estado a comienzos de 2024 y que, desde diciembre pasado, no se ha destinado ni un solo peso a obras de infraestructura vial. La consecuencia es un deterioro acelerado de los 39.937 kilómetros que componen la red nacional. Para frenar el colapso, se necesitarían al menos 14.000 millones de dólares, pero el Gobierno Nacional eligió otro camino: concesionar 9.154 kilómetros a manos privadas, vía Decreto Nº 28/2025 y abandonar el resto. De esta manera, las rutas menos transitadas, quedarán sin obras, ni mantenimiento, porque no resultan rentables para los privados. Así, miles de kilómetros quedarán librados al olvido, aislando pueblos enteros, afectando la producción regional, el abastecimiento y el acceso a servicios básicos. Lo que se pierde no es sólo asfalto: se pierde soberanía territorial, cohesión social, y la posibilidad misma de imaginar un país conectado. Con la eliminación de Vialidad, el Estado Nacional, renuncia también a la planificación estratégica de obras, a los controles técnicos y a la garantía de seguridad vial. A la par, los peajes se multiplicarán, encareciendo el transporte, los alimentos y la vida diaria. Viajar será un privilegio, circular libremente, un lujo reservado a quienes puedan pagarlo, vulnerándose así un derecho constitucional, profundizándose la desigualdad territorial y firmando burocráticamente desde Buenos Aires, el destino de una Argentina que, se va quedando sin rutas.
